Para la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) resulta sospechoso que se hayan otorgado permisos de operación al aeropuerto de Bávaro en un tiempo récord, motivo por el cual solicita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la realización cuanto antes de una investigación profunda sobre el particular.

Señala que existe en torno al caso el señalamiento acusatorio de serias irregularidades que habrían cometido unos 17 exfuncionarios de la pasada administración en el proceso de aprobación del señalado.

Fungiendo como vocero de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio hizo referencia a dos procedimientos legales depositados en el PEPCA y que denuncian irregularidades en la aprobación de los permisos, que tienen que ver con el hecho de que no se hizo una licitación, se otorgó en un tiempo récord, además de que tampoco existen los estudios técnicos correspondientes, sino una información amañada y parcializada de la parte interesada.

“Nosotros como entidad de la sociedad civil hacemos un llamado a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa a que obtempere a darle curso a estas denuncias y se establezcan las responsabilidades de lugar”, señaló De la Rosa Tiburcio.

Agregó que, tras las violaciones a los procedimientos y requisitos de rigor, “se puede advertir que el período para la entrega de un permiso de explotación de operación de una obra de esta naturaleza, debe hacerse en un tiempo razonable y, sobre todo, haciendo todos los análisis pertinentes”.

“Por ello, entendemos que debe el PEPCA darle respuesta efectiva a lo que ha sido la presentación de esta denuncia y que se establezca la responsabilidad de cada uno de los servidores públicos que, teniendo en sus manos el otorgar los permisos correspondientes, lo haya hecho de manera irregular”, enfatizó.

Criticó que a pesar de las violaciones denunciadas el Ministerio Público aún no haya dado respuesta a las dos denuncias presentadas formalmente ante el PEPCA.

“Es muy lamentable que el Ministerio Público no haya obtemperado ante la presentación de las denuncias hecha por una entidad moral que tiene a sus representantes, quienes han hecho las diligencias pertinentes y aún no se les haya dado respuesta. Y sobre todo porque comprende una práctica de corrupción en el sentido de que la prevaricación, que es el ejercicio de favorecer a alguien de manera particular cuando el deber del funcionario es proteger los intereses colectivos de toda la sociedad en sentido general”, apuntó.

Indicó que se trata de un caso penal y que corresponde al Ministerio Público establecer responsabilidades de manera individual pues recordó que en materia penal la responsabilidad penal es individual y por ello debe llamarse a indagatoria a cada uno de los servidores públicos que tuvieron que ver con la autorización de operación del Aeropuerto Internacional de Bávaro.

El presidente de ADECCO sostuvo que las autoridades del Ministerio Público están obligadas a iniciar una investigación que conduzca al esclarecimiento de la comisión de un crimen o delito, incluso sea por el simple rumor público o porque se haya apoderado de oficio al tomar conocimiento de la comisión de un ilícito penal, y en este caso ya pesan dos denuncias por corrupción.