“Estamos solicitando a la PEPCA conocer el estatus actual de las dos denuncias depositadas hace ya casi un año contra esas 17 personas por la comisión de múltiples actos irregulares sancionados por las leyes durante el proceso de aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro. También, hacemos la petición al Ministerio Público de avanzar con la fase de la investigación penal para que por fin este país conozca con pruebas contundentes todo lo que se movió detrás de esa aprobación”, manifestó el reputado jurista Miguel Valerio.
Tras hacer el depósito de la referida instancia en la sede de la Pepca, Valerio indicó que hubo una cadena de irregularidades a lo largo de todo el proceso de aprobación de esa obra que fue otorgada “grado a grado”, sin una licitación, incumpliendo múltiples normativas legales, con el único propósito de beneficiar a un determinado grupo económico.
“La aprobación de ese aeropuerto por parte de las pasadas autoridades es sencillamente injustificable a la luz de las leyes, y lo que presumimos y es muy obvio es que hubo corrupción por parte de varios funcionarios del pasado gobierno. Y se le debe explicar a este país por qué se le dio al Grupo Abrisa esa obra de grado a grado, cuando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y también la Ley de Alianzas Público Privadas dicen claramente cómo son los proyectos de iniciativas privadas que son referentes a servicios públicos, y ahí se hizo todo lo contrario”, expuso Miguel Valerio.
El experto en derecho aseguró que, por la debida prudencia, el pasado gobierno encabezado por el presidente Danilo Medina no debió promulgar el decreto 270-20 en el período de transición, faltándole tan solo 23 días para salir del poder, comprometiendo a futuro y, por más de una década, los recursos del Estado.
El jurista explicó que la primera distorsión en todo el entramado de irregularidades se cometió en la Comisión Aeroportuaria cuando se aprobó mediante resolución 6796 del 23 de enero de 2020 una “no objeción” sin tener las competencias debidas para el desarrollo, construcción, operación y explotación económica del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Y posteriormente, cuando el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), emitió un informe en un tiempo récord de solo tres días basado en informaciones parcializadas de la parte interesada, sin realizar estudios técnicos correspondientes requeridos por la ley, así como por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Deploró que, uno de los funcionarios, luego de haber sido parte en esa Comisión Aeroportuaria donde se aprobó ese proyecto, en su condición de coordinador Nacional del USOAP y director de Vigilancia de la Seguridad Operacional del IDAC, instruyó para que se aprobara el referido proyecto ante la Dirección de Navegación del IDAC, convirtiéndose así en juez y parte del mismo.
“Fue así como en un tiempo récord de tan sólo tres días, el IDAC emitió el Informe de No objeción para la construcción de ese aeropuerto cuando este proceso de realizar ese tipo de estudios técnicos y aprobarlos suele tardar incluso años. Pero el mismo informe hace constar sus anomalías y origen cuestionable, pues en la página 3 indica que fue realizado sobre la base de los documentos aportados por la parte interesada, el grupo Abrisa, propietario del proyecto”, manifestó el abogado.
Valerio señaló que en todo el proceso para la aprobación del Aeropuerto Internacional de Bávaro se violaron los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, lo cual tuvo que ser reconocido por el propio IDAC cuando le revocó el permiso y ordenó paralizar su construcción, declarándolo “lesivo para el interés público”.
Se recuerda que suman 17 las personas vinculadas en los actos de corrupción cometidos en la adjudicación del proyecto Aeropuerto Internacional de Bávaro, y que constan en dos denuncias depositadas por ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por la Corporación Aeroportuaria del Este.
Se le solicitó a la Pepca investigar a esas personas por la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, usurpación de funciones, atentado a la Constitución y otros delitos sancionados por el Código Penal. También por otorgar bajo una figura no contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, de conformidad y no objeción, sin licitación previa, y promover e incitar al Poder Ejecutivo a cometer un acto ilícito con relación a la construcción de un aeropuerto en el municipio Bávaro, provincia La Altagracia.
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